La advertencia surge tras
d
eclaraciones atribuidas al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge
Subero Isa, quien habría sostenido que una ley promulgada no produce efectos
jurídicos mientras no sea publicada oficialmente.
Para Simón, la consecuencia
inmediata sería un escenario de profunda incertidumbre legal. “No existe la
acción de inconstitucionalidad preventiva en nuestro ordenamiento jurídico”,
sostiene el jurista, al explicar que cualquier recurso presentado contra normas
que aún no han entrado en vigencia podría carecer de objeto.
En ese contexto, considera que
el Tribunal Constitucional de la República Dominicana podría declarar
inadmisibles las acciones
directas de inconstitucionalidad sometidas hasta el momento, precisamente porque las disposiciones
impugnadas todavía no producirían efectos jurídicos. “La improvisación tiene
consecuencias”. Simón fue aún más crítico al referirse al proceso de aprobación
del nuevo Código Penal, calificándolo como el resultado de la “improvisación y
la premura”.
A su juicio, resulta especialmente delicado legislar de esa manera
sobre una norma que, después de la Constitución, constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento
jurídico, al regular la protección de la libertad, el patrimonio y la
responsabilidad penal de ciudadanos y personas jurídicas.
Por esa razón, reveló que ha
recomendado esperar el momento procesal oportuno para presentar una acción
directa de inconstitucionalidad que le fue encomendada, evitando así que sea
rechazada por razones de admisibilidad.
Según explicó, si prevalece el
criterio de que la Ley 44-26 aún no está vigente, las personas sometidas a la justicia
entre hoy y mañana serían
procesadas conforme al Código
Penal sin las reformas, escenario que también alcanzaría a sociedades
comerciales, empresas y demás personas jurídicas.
Las declaraciones de Cándido
Simón reabren el debate sobre la seguridad jurídica, la técnica legislativa y
los requisitos constitucionales para la entrada en vigencia de las leyes.
Mientras se espera la
publicación oficial de la norma y un eventual pronunciamiento de las altas cortes, el país enfrenta una discusión
que trasciende lo político: determinar cuál Código Penal rige realmente en la
República Dominicana y cuáles serán las consecuencias para miles de procesos
judiciales que podrían iniciarse en las próximas horas.
