Santo Domingo.- La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, afirmó que las pruebas incorporadas al expediente judicial contradicen la acusación presentada por el Ministerio Público y sostienen la legalidad de las actuaciones atribuidas a su representado.
Mediante un comunicado, los abogados señalaron que la acusación relacionada con un presunto fraude de RD$21,000 millones carece de sustento a la luz de la evidencia documental presentada durante el proceso.
Según explicaron, el Banco de Reservas certificó que esos recursos fueron recibidos y destinados al programa de pago a contratistas del Estado, mientras que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental estableció, a través del informe ERIR 2020, que los fondos permanecieron dentro del patrimonio estatal y que la operación permitió reducir deuda pública en beneficio del Estado dominicano.
La defensa también sostuvo que los pagos realizados por concepto de expropiaciones se efectuaron conforme a la ley, respaldados por sentencias judiciales y tasaciones oficiales. Indicó que la propia jueza del caso ordenó el pago del 20 % restante de varias expropiaciones, reconociendo la existencia legítima de la deuda, la validez de los montos acordados y los derechos de los reclamantes.
Asimismo, destacó que el peritaje oficial autorizado por el tribunal y realizado por especialistas independientes concluyó que el patrimonio de Donald Guerrero proviene de actividades comerciales desarrolladas durante décadas en República Dominicana y Puerto Rico. De acuerdo con la defensa, dicho informe descartó la existencia de lavado de activos, enriquecimiento ilícito o cualquier otra irregularidad patrimonial.
Los abogados afirmaron que, tras casi seis años de investigación, el Ministerio Público no ha presentado pruebas que demuestren que Guerrero recibió sobornos, comisiones ilegales o beneficios económicos indebidos.
En otro aspecto, cuestionaron la decisión de rechazar la extinción de la acción penal por duración excesiva del proceso. Aseguraron que durante el expediente no se atribuyó a Guerrero ni a su defensa ninguna maniobra dilatoria y que la negativa a declarar extinguida la acción penal desconoce precedentes del Tribunal Constitucional sobre el plazo razonable y las garantías establecidas en el Código Procesal Penal.
La defensa concluyó que la permanencia de la acusación responde más a una narrativa construida durante años que a las pruebas contenidas en el expediente, y expresó su confianza en que la inocencia de Donald Guerrero Ortiz será reconocida mediante una sentencia absolutoria.
