SAN CRISTOBAL.- La Red de Abogados Inmobiliarios, bajo la dirección de su presidente José Thomas, ha manifestado su apoyo "total" a Ramón Espinal, propietario del restaurante La Chivería, ante la ocupación ilegal de sus terrenos en Yaguate, San Cristóbal.
Thomas enfatizó que este tipo de acciones vulneran la seguridad jurídica del país y que la institución no descansará hasta que se respete el derecho de propiedad del empresario.
El terreno en disputa, que abarca 20 tareas, fue adquirido legalmente a la familia Vicini en 2022 con el objetivo de desarrollar el Parque Natural Saori, un proyecto destinado a la conservación ambiental.
A pesar de contar con títulos originales y haber superado rigurosos filtros bancarios para su financiamiento, Espinal denunció que el predio fue invadido el pasado 11 de febrero de 2026.
Los ocupantes alegan que la tierra les fue "cedida" durante el gobierno de Joaquín Balaguer; sin embargo, no han presentado ningún sustento legal que valide dicha afirmación.
El impacto económico y emocional
La lucha por recuperar las tierras no solo representa un desgaste administrativo, sino una sangría económica significativa. Según los afectados, los perjuicios incluyen gastos legales exorbitantes por medio de pagos de honorarios a abogados especializados, gastos de representación y tasas judiciales para mantener vivos los procesos en la Procuraduría y la Policía Nacional.
Esta situación también causa un paro en las inversiones de Ramón Espinal, porque su proyecto eco-turístico permanece detenido, lo que genera pérdidas de ingresos proyectados y empleos para la comunidad.
Se apunta sobre este caso, además, que la invasión obliga a contratar seguridad privada para evitar que la ocupación se extienda a otras áreas de la propiedad.
Más allá de lo financiero, el daño al ecosistema es alarmante. Los invasores han iniciado una tala indiscriminada de árboles centenarios, destruyendo el pulmón ecológico que el Parque Saori pretendía proteger.
"Mientras esperamos que las autoridades actúen, estamos perdiendo un patrimonio natural que tomó décadas en crecer", lamentó Espinal.
Actualmente, las querellas han sido depositadas con evidencias audiovisuales ante el Ministerio de Medio Ambiente, el SENPA y la Procuraduría General, a la espera de un desalojo que ponga fin a esta vulneración de la ley.
