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- El economista Henri Hebrard defendió de manera enfática la solidez y
conveniencia del contrato suscrito entre el Estado
dominicano y la empresa Barrick Pueblo
Viejo, al abordar el tema de los ingresos extraordinarios
que percibe el país por el alza histórica
de los precios internacionales del oro.
Durante una exposición en el programa Propuesta de la Noche,
conducido por el periodista
Manuel Jiménez y transmitido por Teleimpacto, Hebrard
calificó como “leyendas urbanas” las
afirmaciones que sostienen que la República Dominicana
estaría dejando de percibir miles de
millones de pesos por no revisar el contrato minero, a
propósito del llamado “boom” del metal
precioso.
El economista contextualizó el debate recordando que la
minería en el país arrastra un pesado
historial ambiental y financiero desde décadas pasadas, lo
que explica —dijo— la suspicacia
que todavía genera en sectores de la opinión pública.
Sin embargo, subrayó que la reapertura de la mina de Pueblo
Viejo en Cotuí, a partir de 2013,
se produjo bajo un esquema contractual sustancialmente
distinto, que ha sido objeto de dos
enmiendas clave.
La primera modificación, explicó Hebrard, se realizó en 2009
durante la administración del
presidente Leonel Fernández, en medio de la crisis
financiera mundial.
Su objetivo fue asegurar que la inversión se materializara,
lo que permitió que una de las pocas
grandes inversiones ejecutadas en América Latina ese año
fuera precisamente la construcción
de las actuales instalaciones de Pueblo Viejo.
La segunda enmienda, en 2013, bajo el gobierno de Danilo
Medina, adelantó pagos fiscales y
fortaleció la participación del Estado en los beneficios.
Según detalló, el contrato parte del principio de que el
Estado aporta el yacimiento, mientras
el socio privado asume la totalidad de la inversión —más de
4,000 millones de dólares—, el
riesgo operativo y la logística de exportación.
A cambio, la República Dominicana recibe, mediante diversas
figuras fiscales, hasta un 50 % de
la renta minera generada, es decir, la diferencia entre los
ingresos por venta y los costos de
producción.
Hebrard rechazó categóricamente la idea de que el país solo
se beneficie hasta un precio
“tope” del oro fijado en el contrato original. “Eso es
falso”, afirmó. Aclaró que, como ocurre en
todas las minas del mundo, el precio del oro se rige por el
mercado internacional —con
referencia en Londres—, por lo que cada incremento en la
cotización se traduce
automáticamente en mayores exportaciones y recaudaciones
para el fisco dominicano.
Como evidencia, citó que en el último año las exportaciones
de oro superaron los 2,000
millones de dólares, con un crecimiento cercano al 60 %,
mientras que las recaudaciones
fiscales asociadas aumentaron en más de 150 %.
Estos ingresos provienen de cuatro mecanismos principales:
una regalía del 3.2 % sobre el
valor exportado, el impuesto sobre la renta, una
participación adicional sobre las utilidades
netas y un impuesto mínimo anualizado introducido en la
renegociación de 2013.
Este último instrumento, explicó, funciona como una “póliza
de seguro” para el Estado, ya que
garantiza que, aun en escenarios de costos elevados o
ineficiencias operativas, el fisco reciba al
menos el 90 % de lo proyectado en función de los precios
internacionales del oro.
Para Hebrard, más que reabrir el debate sobre el contrato,
la discusión central debe enfocarse
en el uso de los recursos extraordinarios que hoy recibe el
país.
“El oro no se reproduce”, advirtió, al comparar la minería
con actividades agrícolas. En ese
sentido, respaldó la idea de establecer mecanismos legales
que aseguren que estos ingresos se
destinen a programas estratégicos y de largo plazo,
conscientes de que se trata de un recurso
finito.
El economista concluyó señalando que el contrato dominicano
es citado como modelo por
firmas internacionales y que, lejos de perjudicar al país, está
permitiendo aprovechar de
manera significativa uno de los ciclos más favorables del
mercado del oro en décadas.
