La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, solicitó al tribunal la exclusión total de los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como de sus 559 anexos, al sostener que se trata de documentos fabricados al margen de la ley, producidos sin permitir la contradicción ni la participación ni el derecho de defensa de las personas investigadas, en franca violación del artículo 69 de la Constitución.
Eduardo Núñez, abogado de la defensa, afirmó que dichos
informes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino a un intento
deliberado de crear documentos para justificar acciones que se querían llevar a
cabo y dar apariencia de legalidad a una narrativa que no respondía a hechos
reales, con el fin de venderle al país una historia que no se corresponde con
la verdad.
A juicio de la defensa, se trata de una actuación fabricada al margen del ordenamiento jurídico, utilizada durante más de cuatro años para respaldar decisiones administrativas y judiciales, aun cuando se conocía que el órgano que produjo el informe carecía de existencia jurídica.
“Cuando primero se fabrican informes y años después se crea
el órgano que supuestamente los elaboró, queda en evidencia que no estamos ante
errores, sino ante actuaciones nulas desde su origen”, afirmó.
La defensa reiteró que lo que demostrará en el curso del
proceso es muy claro:
es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido
los delitos que se le imputan.
La acusación se sostiene sobre dos tipos de pagos que el
Ministerio Público ha intentado presentar como irregulares, cuando en realidad
corresponden a obligaciones legales acumuladas del Estado.
En primer lugar, pagos por expropiaciones realizadas incluso
décadas atrás, muchas de ellas ordenadas por sentencias judiciales firmes y
tasadas por órganos oficiales del propio Estado. En numerosos casos, los
propietarios de esos terrenos esperaron años e incluso décadas para recibir el
pago, lo que desmiente por completo la narrativa de supuestos “pagos express”.
Cumplir sentencias judiciales y saldar deudas históricas por
terrenos que el Estado ocupó y utilizó no es corrupción.
En segundo lugar, un pago interinstitucional del Ministerio
de Hacienda al Banco de Reservas para desmontar el programa de contratistas.
Ese dinero nunca salió del Estado, no fue entregado a contratistas, no se
perdió y fue registrado oficialmente como reducción de deuda pública.
Y hay un punto clave: un fraude no se registra, no se
publica ni se explica en los informes oficiales del propio Estado. Cuando la
contabilidad pública documenta una operación, la narrativa de corrupción se
derrumba por sí sola.
En ninguno de los
hechos hubo decisión discrecional, no hubo daño al patrimonio del Estado ni
existió beneficio personal. Sin daño, sin beneficio y sin poder de decisión, no
hay delito.
Todo esto está respaldado por documentos oficiales,
contabilidad pública y peritajes ordenados por el propio tribunal. Con las
pruebas que presentará la defensa, la acusación no se sostiene y eso quedará
claramente demostrado ante el país.
Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos del
Estado acreditan una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda.
