Denuncian red criminal se oculta en sindicato de choferes en La Altagracia

Joselito Peña.-  La directiva del Sindicato de Choferes de la Provincia La Altagracia (Sichoprola) denunció este martes la operación de una presunta red criminal   en la región Este del país, que estaría actuando bajo la apariencia de u
na organización sindical y con el presunto apoyo de autoridades judiciales y exfuncionarios del Ministerio Público.

Durante una rueda de prensa, el secretario general de Sichoprola, Leonte Torres Jiménez, explicó que dicha estructura estaría compuesta por individuos "deportados desde los Estados Unidos por distintos delitos".  También acusó a la jueza Karina Colomé Abreu de supuestamente "favorecer los intereses de esa red" al ignorar decisiones judiciales firmes y priorizar certificaciones cuestionables emitidas por la Federación Autónoma Clasista.


Torres detalló que entre las decisiones judiciales desestimadas por la magistrada Colomé Abreu se encuentran:

-Sentencia No. 633-2017 de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.

-Sentencia No. 001-033-2018 de la Suprema Corte de Justicia.

-Sentencia No. 651-2023-SSEN-00369, que ratifica a Leonte Torres Jiménez como secretario general de Sichoprola.

-Sentencia No. 2013-09-328, que ordena al asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo, Guido Cabrera Martínez, rendir cuentas sobre bienes y fondos pertenecientes al sindicato.

Asimismo, denunció la firma de un contrato de cesión de inmueble, donde Juan Contreras Martínez, Yuni Castro Montilla, Guido Cabrera Martínez y Eloy de Jesús transfirieron de forma irregular todos los bienes de Sichoprola a la Asociación de Propietarios de Transporte de la Provincia La Altagracia (Aptpra) y su grupo afiliado, sin contar con autoridad legal para ello.

En el expediente también constan la certificación del acta de audiencia No. 01053/2016, en la cual los propios Juan Contreras y Yuni Castro admiten que los bienes de Aptpra pertenecen a Sichoprola, así como copias de cheques depositados en cuentas a nombre de Aptpra y particulares, que originalmente eran fondos sindicales.

 Dijo que a pesar de que los querellantes han depositado 62 pruebas documentales ante el tribunal, la jueza Karina Colomé Abreu rechazó la imposición de medida de coerción alegando falta de pruebas, decisión que será apelada.


Sichoprola indico que  este jueves 22 de mayo a las 9:00 A. M., se conocerá la solicitud de medida de coerció en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís en   contra de los presuntos implicados en este caso.

También llamó al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, así como al Consejo Superior del Ministerio Público y al Consejo del Poder Judicial, para que se garantice la transparencia y no se permita que "el tráfico de influencias siga protegiendo a este grupo",  en el sector transporte de la provincia La Altagracia.