LITIGIO CLIMATICO PARA UNA REGION MAS JUSTA
Articulo Lic. Ysaias Lara Kevelier
Con la selva tropical más grande del mundo, las mayores reservas de agua
dulce del planeta y la mayor cantidad de tierra cultivable para la producción
de alimentos, la importancia de América Latina y el Caribe en la lucha contra
el cambio climático es innegable.
Sin embargo, la región también es altamente vulnerable a los efectos de la
crisis climática, pese a que sus emisiones de gases de efecto invernadero no
son significativas. Como resultado, los derechos humanos y ambientales están
siendo amenazados en un contexto donde las personas defensoras están en riesgo
constante. Tristemente, la región ha sido reconocida como la más peligrosa para
quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.
El litigio climático estratégico ha crecido lentamente en el continente
como una herramienta crucial para complementar el trabajo por la defensa del
ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades. Litigar en el
Sur Global y en América Latina es diferente a litigar en el Norte Global, con
desafíos particulares que deben ser abordados estratégicamente.
Los casos en algunos de los países más peligrosos para las personas
defensoras ambientales podrían hacerlas más vulnerables a ataques y amenazas.
La falta de recursos puede dejar sin protección a las y los demandantes que
defienden valientemente la causa, no sólo frente a la violencia sino ante males
más sutiles como el estrés emocional o la estigmatización.
Otro gran obstáculo es la grave corrupción que afecta a la región, la cual
implica un poder excesivo para las empresas. La corrupción es un fenómeno
extendido y muy arraigado, especialmente en industrias multimillonarias como la
de los combustibles fósiles y la extractivita. Existe el riesgo de que las
empresas o los gobiernos coopten a las y los académicos. Además, demostrar y
combatir la corrupción es extremadamente difícil y peligroso.
Finalmente, uno de los obstáculos más severos para que el litigio climático
sea eficaz en América Latina y el Caribe es la dificultad a la que se enfrentan
las y los litigantes en la implementación de las decisiones favorables. La
región presenta algunas estadísticas alentadoras, pero al mismo tiempo
alarmantes, en torno al litigio climático. Aunque la gran mayoría de los casos
resueltos al momento han tenido decisiones favorables, la aplicación de estas
ha sido, hasta ahora, insatisfactoria. Queda mucho por hacer en este frente,
incluida la identificación de las deficiencias administrativas de los Estados
que influyen en la dificultad de hacer cumplir las decisiones; y considerar,
desde la fase de planificación de los casos, qué soluciones se solicitan y cómo
se exigirá su implementación.
A pesar de estos retos, el litigio climático ya está demostrando el poder
que tiene para promover el cambio:
En Perú, un grupo de jóvenes demandó al gobierno por no haber formulado y
ejecutado una política y un plan nacional para frenar la deforestación en la
Amazonía peruana (Álvarez et al. vs. Perú).
En Colombia, comunidades indígenas Wayúu promovieron una acción para anular
el permiso ambiental de una colosal mina de carbón (Cerrejón).
En México, Greenpeace interpuso un amparo para detener la contaminación
atmosférica y mejorar la calidad del aire en el estado de México (Greenpeace
vs. Secretaría de Medio Ambiente).
En Argentina, la Organización de Ambientalistas Organizados exigió que el
Ministerio de Medio Ambiente detuviera la aprobación de la exploración de
combustibles fósiles en alta mar por sus impactos en las ballenas y en el clima
(Organización de Ambientalistas Organizados vs. Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible).
En Ecuador, un grupo de nueve niñas cuestiona al Estado ecuatoriano por
autorizar a empresas petroleras a quemar gas en la Amazonía (Caso Mecheros).
En Chile, la ONG Defensoría Ambiental demandó al gobierno y a todas las
empresas que operan en una emblemática zona de sacrificio por el daño ambiental
causado tras años de operaciones (Daño Ambiental en Ventanas)
En la Republica Dominicana varias organizaciones (INSAPROMA, PACMA) luchan
por reducir el impacto que causa la planta eléctrica punta catalina, la cual
utiliza carbón, la cual ha acumulado toneladas de cenizas que afectan la salud
de toda una población al sur del país.
