El Concejo de Regidores del Ayuntamiento del
Distrito Nacional, mediante la resolución 42-13, dispuso que todos los
ciudadanos puedan contratar el personal de su conveniencia para realizar
trabajos de construcción en las tumbas y nichos de todos los cementerios de la
Capital.
La resolución establece que es una infracción
grave establecida en la ley 176-07 “el impedir a los ciudadanos realizar por sí
o por medio de obreros de su confianza labores de construcción y de
mantenimiento en las tumbas y nichos de los cementerios, así como cohesionar a
los ciudadanos a utilizar a los miembros de los sindicatos para la realización
de esas labores”.
Para aprobar la resolución, el Concejo de
Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional se apoyó en lo que
establece el artículo 50 de la
Constitución de la República que dispone
que no se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado”.
La iniciativa, presentada por el edil del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Waldys Taveras, ordena “a los
administradores de los cementerios y a los policías municipales, que prestan
servicios en ellos, a prestar todo el apoyo y seguridad a los ciudadanos que
asistan a los obreros a realizar las construcciones y mantenimiento de tumbas y
nichos en los cementerios del Distrito Nacional”.
Señala que la ley 176-07 establece que “los
servicios públicos que deben prestar los ayuntamientos en su condición de
gobiernos locales, éstos ejercerán como propias o exclusivas la competencia en
la construcción y gestión de cementerios
y servicios funerarios”.
Los ediles del Ayuntamiento del Distrito
Nacional, a través de la resolución 42-13, disponen que la Dirección de
Servicios Municipales y de la Policía Municipal sea encargada del cumplimiento
de esa decisión y la habilitación
De un personal que reciba las denuncias y
quejas por violación a la deposición aprobada en la Sala Capitular.
Indican que una comisión de regidores comprobó
que grupos de obreros se han constituido en los únicos trabajadores con derecho
a laboral o prestar servicios a los ciudadanos usuarios de una propiedad
municipal como los cementerios, destinados a un servicio público.
