Tras concluir con las réplicas en el proceso por corrupción
administrativa seguido contra los exministros
Donald Guerrero, Gonzalo
Castillo,
José Ramón Peralta y compartes, el
Ministerio Público solicitó al
tribunal que todos los procesados sean enviados a juicio por defraudar al
Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la
Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteró que las
pruebas son contundentes, al responder preguntas de la prensa sobre el proceso
cuya audiencia preliminar se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional.
“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y
evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo
extraordinario como para poder verificar la necesidad de que este proceso se
envíe a juicio”, señaló.
Detalló que este viernes el Ministerio Público concluyó sus
réplicas en este proceso. “Hemos solicitado al tribunal en la réplica el enviar
el proceso a juicio, enviar a todos los acusados a juicio, que es lo que
procede conforme a lo que ha presentado el Ministerio Público”, explicó
Camacho, quien dijo que también pidieron rechazar los incidentes que han
presentado todas las defensas y acoger las pruebas del Ministerio Público.
“No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal acoja
los incidentes que han planteado las defensas. Las defensas, tanto dentro del
tribunal como fuera del tribunal, cuando lo hacen aquí con ustedes (los
periodistas), se han limitado a presentar opiniones. Una opinión la puede tener
cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables. Las
opiniones no”, indicó.
Refirió que las defensas nunca responden los hechos en el
tribunal. “No responden cuestiones como que hubo una reunión en Palacio en el
año 2019, que se mandó en esa reunión en Palacio a buscar fondos, que se creó
un lugar para la recepción de esos fondos que se llamaba La Casita que estaba
en Bella Vista. No hablan del dinero que reconoce el propio Bolívar Ventura que
tuvo que pagar y estamos hablando de más de 1,200 millones de pesos”, precisó.
En ese mismo orden, dijo: “no hablan de la línea de casino
en la que también se estableció un sistema de soborno que se llamaba El
Programa o El Proyecto”.
Wilson Camacho añadió “esos son hechos, esas son razones
para que este tribunal eleve este proceso a juicio. Los tribunales no fallan en
base a las opiniones, fallan en base a los hechos que se presentan y a las
pruebas que se presentan con relación a esos hechos”.
Especificó que “Bolívar Ventura dice que pagó más de 1,200
millones de pesos, que tuvo que entregar más de 1,200 millones de pesos: es
testigo”.
Detalló que todas las personas que fueron utilizadas por el
Ministerio de Defensa para poner en funcionamiento el proyecto o programa por
el que se distribuía soborno de los juegos de azar, son testigos en el proceso.
“Toda la documentación de los procesos de pago son testigos en el proceso”,
dijo.
El procurador adjunto Wilson Camacho junto a la procuradora
de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a
la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo litigante que
representa al Ministerio Público en la audiencia, el cual también lo integran
los fiscales Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin Romero, Rosa Ysabel y Miguel
Crucey.
Durante audiencia, en la que el órgano acusador presentó sus
conclusiones de réplica a las barras de la defensa, Ortiz solicitó al tribunal
decretar la apertura a juicio de cada uno de los imputados que han sido
señalados por el Ministerio Público en el expediente acusatorio.
De igual manera, que se mantenga la calificación jurídica
que ha sido indicada por el órgano acusador. “Que sean rechazados todos y cada
uno de los incidentes”, dijo Ortiz.
La audiencia, que por cuestiones de espacio se debate en la Sala
del Primer Tribunal Colegiado, es presidida por la jueza Altagracia Ramírez,
presidenta del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
El proceso judicial
Los acusados, quienes fueron apresados durante la Operación
Calamar, integraban una estructura que desvió más de RD$19,000 millones
mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de
utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de
2020.
Además de los exministros de Hacienda y Obras Públicas
Donald Guerrero Oritz y Gonzalo Castillo, entre los encartados en el expediente
por corrupción administrativa figuran José Ramón Peralta, exministro
administrativo de la Presidencia.
También, Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la
República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar
(CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar
Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de
Azar.
