En un paso que podría marcar un antes y un después en la
protección de miles de familias dominicanas, el diputado Carlos De Pérez,
representante de la Fuerza del Pueblo por La Romana, depositó este miércoles
ante la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados un proyecto de
Ley Orgánica de Pensión Alimenticia que redefine por completo el modelo actual.
Uno de los pilares de la iniciativa es la incorporación de
tecnología en la fiscalización. A través del Registro Nacional de Alimentantes
(RENADA), el Estado podrá monitorear en tiempo real a los obligados, gracias a
su interconexión con instituciones clave como el Poder Judicial, la Junta
Central Electoral y el sistema financiero. Este mecanismo permitiría, además,
activar alertas automáticas de incumplimiento, generando medidas de apremio
apenas cinco días después del vencimiento de la obligación, sin necesidad de
que el afectado tenga que iniciar un proceso judicial.
El proyecto también apuesta por la transparencia mediante la
bancarización obligatoria de los pagos, asegurando que cada transacción quede debidamente
registrada y supervisada.
En el plano económico, la iniciativa introduce un elemento
clave: la indexación automática de las pensiones conforme a la inflación,
evitando que pierdan valor con el paso del tiempo. A esto se suma la
retroactividad de la deuda desde el momento de la demanda y su carácter
imprescriptible mientras el beneficiario sea menor de edad.
La propuesta legislativa rompe con los esquemas
tradicionales al plantear un sistema más ágil, oral y eficaz, dejando atrás los
procesos burocráticos que durante años han dificultado el cumplimiento de esta
obligación fundamental.
Pero más allá de la modernización, la propuesta endurece el
régimen de consecuencias. Los deudores podrían enfrentar restricciones
importantes en su vida civil, como la imposibilidad de renovar documentos
oficiales, salir del país o realizar determinadas actividades comerciales.
Incluso, se contempla el arresto nocturno como medida de
presión, sin afectar la capacidad laboral del obligado.
El alcance de la ley también se amplía de forma
significativa. La obligación de pago podría extenderse hasta los 21 años si el
beneficiario continúa sus estudios, se reconoce el derecho a pensión desde la
etapa prenatal y se incorpora la responsabilidad de los hijos hacia padres en
condición de vulnerabilidad.
Asimismo, el proyecto trasciende fronteras al incluir
mecanismos de cooperación internacional para localizar y exigir el cumplimiento
a deudores en el extranjero, con el apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Paralelamente, se crea un Fondo de Emergencia de Sustento
Alimentario, destinado a garantizar una cobertura mínima en casos de
insolvencia comprobada.
El legislador enfatizó que la iniciativa busca equilibrar
derechos y deberes dentro del sistema. “Esta ley no tiene sexo; la persona
demandada es quien debe probar sus ingresos. Además, quien administra la
pensión debe detallar en qué usa el dinero. Si un hombre es descartado como
padre, la mujer tendrá que devolverle todo lo que invirtió por concepto de
pensión alimenticia”, afirmó.
Con esta iniciativa, el legislador busca no solo actualizar
el marco legal, sino también enviar un mensaje claro: el derecho a la
alimentación no puede seguir dependiendo de la voluntad de quien debe
cumplirlo, sino de un sistema que garantice su ejecución de manera efectiva.
