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El presidente presentó un discurso cargado de cifras, proyecciones y promesas de futuro, pero profundamente desconectado de la realidad cotidiana que viven millones de dominicanos. Más que una rendición de cuentas, fue una rendición de expectativas.
El mandatario afirmó que la economía creció un 2.1 % en
2025, pero omitió reconocer que se trata del crecimiento más bajo de los
últimos 20 años. Además, incumplió la meta oficial del 4 %, quedando muy por
debajo de lo prometido. Pretender ahora proyectar un crecimiento mayor haciendo
exactamente lo mismo es, sencillamente, una quimera.
La economía puede crecer en las estadísticas, pero en los
hogares dominicanos crece el alto costo de la vida, la inseguridad y la
incertidumbre.
Se habló de inversión extranjera, de acuerdos tecnológicos y
hasta de una economía espacial, mientras el país enfrenta hospitales sin
insumos, escuelas con graves deficiencias y apagones constantes. En apenas dos
meses se han producido dos apagones generales que colapsaron la economía,
afectando especialmente a pequeños y medianos comercios y productores. Incluso,
esa crisis obligó al propio presidente a suspender la firma del acuerdo con la
empresa que desarrollaría el puerto espacial.
El presidente insistió en la estabilidad fiscal y en el
manejo responsable de la deuda, pero no explicó por qué, a pesar de recaudar
más impuestos que nunca, la inversión pública ha sido la más baja en más de
medio siglo. Esa caída ha limitado la construcción de infraestructura y frenado
el desarrollo nacional. Tampoco se refirió a los 3,700 millones de dólares que
permanecen sin ejecutar.
En materia social, se destacaron subsidios como Supérate,
Bonogás y Bono Luz, confirmando que cada vez más dominicanos dependen de ayudas
para sobrevivir. Eso no es señal de prosperidad; es la evidencia de que el
modelo económico no está generando bienestar suficiente.
El gobierno habló de creación de empleos y reducción del
desempleo, pero más de la mitad de los trabajadores continúa en la
informalidad, sin seguridad social ni estabilidad laboral. La realidad es que
tener empleo no siempre significa vivir con dignidad.
En educación, se anunciaron mejoras en cobertura y programas
tecnológicos, pero el propio presidente reconoció la necesidad de una reforma
estructural. Eso confirma que, tras años de gestión, el sistema educativo sigue
sin responder plenamente a las necesidades del país, a pesar de contar con el
mayor presupuesto de su historia.
En el sector agropecuario, el gobierno habla de aumentos en
la producción y en el financiamiento, pero los productores siguen enfrentando
altos costos, falta de apoyo efectivo y una competencia desleal derivada de la
gran cantidad de permisos de importación. Esta situación no solo golpea al
campo, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional.
El discurso habló de institucionalidad y confianza
internacional, pero evitó abordar con claridad los escándalos recientes que han
debilitado la credibilidad de instituciones clave y profundizado la percepción
de impunidad.
Aquí en el Congreso presidente, seguimos esperando por la
aprobación de la modificación a la Ley de hidrocarburos, de Seguridad Social, y
por la modificación del Código Laboral, cuya reforma prometió no tocar la cesantía.
El presidente no puede hablar de mejora en los índices de
transparencia cuando el país vive bajo una constante tensión por los escándalos
de corrupción, con nuevos casos que salen a la luz cada semana.
Resulta inaceptable que se hablara de logros en el SENASA y
de transparencia, cuando en esta administración se produjo el mayor caso de
corrupción de nuestra historia reciente, uno que laceró la salud de los más
necesitados.
A eso se suma el caso del Banco Agrícola, que ha afectado
directamente a nuestra clase productora.
Y mientras se proclama transparencia, existen más de 270
casos sometidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental,
sin que el país conozca uno solo que haya avanzado de manera significativa.
El gran punto ausente en el discurso presidencial fue el
compromiso con la indexación salarial, una medida fundamental para proteger el
poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento sostenido del costo de
la vida. Mientras la canasta familiar continúa encareciéndose y los alimentos
registran incrementos significativos, miles de trabajadores ven cómo sus
ingresos pierden valor real cada mes.
No basta con hablar de crecimiento económico si ese
crecimiento no se traduce en mejores salarios y mayor capacidad de compra.
Esperamos que el Gobierno asuma con responsabilidad la indexación salarial como
una política permanente, que garantice ajustes justos frente a la inflación y
condiciones de vida dignas para las familias dominicanas.
En resumen, el presidente presentó un país que avanza en los
informes, pero no respondió a los problemas que vive la gente en las calles.
Hay una brecha evidente entre el país que se describe desde el podio y el país
que experimentan los ciudadanos.
La República Dominicana no necesita solo metas al 2036.
Necesita soluciones ahora. Necesita inversión pública real, instituciones
transparentes, servicios públicos eficientes y políticas que impacten
directamente en la vida de la gente.
El país no puede vivir de promesas tecnológicas mientras
enfrenta carencias básicas. El presidente no puede decirle al país que vamos a
enviar un satélite al espacio, mientras se va la luz.
El verdadero avance no se mide en discursos, sino en la
calidad de vida de la gente. Y esa no es la realidad que hoy vive la República
Dominicana.
