Primero:, donde el art. 6 de nuestra Constitución,
como “norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”, esté
por encima de los intereses particulares y grupales de las organizaciones
políticas.
Segundo: Que ese proyecto de nación, surgido de un proceso de diálogo crítico, sincero y objetivo de los diferentes sectores sociales, políticos, económicos, religiosos y académicos del país, exprese, de manera taxativa, la obligación, en la práctica, de que la existencia de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, estén sujetas a los principios establecidos en esta Constitución, y que su conformación y funcionamiento estén sustentados en el respeto a la democracia interna y la transparencia como muy bien lo establece el art.216 de nuestra Carta Magna, la cual agrega en su último numeral, que los fines esenciales de los partidos son: “Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana
Tercero: Que también ese proyecto de nación contemple
la obligatoriedad y el compromiso patriótico de cumplir con la aplicación real
y efectiva del art. 2 de la Constitución, el cual se refiere a la Soberanía
Popular, ya que, sin la defensa de esta, se está poniendo en riesgo la Soberanía
Nacional, la cual debe ser inviolable, de acuerdo al art. 3 de nuestra Ley
de leyes. Resulta inaceptable que, si la Soberanía Popular reside exclusivamente
en el pueblo, para elegir los tres poderes del Estado, el pueblo no sea
educado, para que conozca las funciones de quienes administraran los recursos
del presupuesto nacional, el cual surge de los impuestos que el mismo pueblo
paga. Es de ahí, entre otras cosas, que el pueblo debe ser educado, para que
sepa cuales son las funciones de los candidatos que se eligen en cada una de
las elecciones de cada cuatro años. Si el pueblo no conoce por quién vota y
para qué vota, aquí siempre habrá corrupción e impunidad, y eso hay que
acabarlo, expresaron.
Cuarto: que se incluya en este proyecto la obligatoriedad de la educación cívica,
ética, moral, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado, como
muy bien lo establece, la Constitución en su art 63, y la Ley 33-18 que rige a
los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, podríamos asegurar que el soborno,
para votar, será sustituido por la conciencia popular, lo cual
permitiría que tengamos un Congreso Nacional, una Cámara de Cuentas y una
Contraloría de la República, que pudieran controlar y fiscalizar los fondos
públicos, como muy bien lo establece el art. 246 de Ley fundamental.
Quinto: Que los partidos, principalmente lo que
están dirigidos por el Presidente de la República, así como por los ex
presidentes mas arriba mencionados, juren ante el país, que ellos y sus
organizaciones se comprometen a imitar a Duarte en el manejo de los recurso del
Estado, como él lo hizo, cuando de los 1,000 pesos que se le asignaron, para ir
a unirse con su tropa, a las del General Pedro Santana, quien se encontraba en
el Sur combatiendo las tropas del General haitiano Charles Gerard Ainé, el 19
de marzo de 1844,devolvió la suma de 827 pesos, habiendo gastado 173 pesos.
Sexto: Que resulta inaceptable que hoy, a 182 años
de nuestra Independencia Nacional cuando nuestro Padre de la Patria dio ese
ejemplo, y a 60 años de la revolución constitucionalista haya tenido, entre las
causas fundamentales de su estallido, la lucha contra la corrupción, como
expresara el Coronel Francisco Alberto Deñó, en la primera página del periódico
la Nación, del 25 de mayo de 1965, nuestros gobiernos hayan permitido que se
pierdan en corrupción y clientelismo político, más de 150 mil millones de pesos
al año, como ha ocurrido, de acuerdo a datos comentados. “Eso llora ante la
presencia de Dios”, como dice un viejo refrán popular. Y
Séptimo: Que, se entienda, definitivamente, que cada
dirigente político, cada candidato o candidata a cargo electivo, debe honrar
los señalamientos de honor que establecieron, tanto Juan Pablo Duarte, cuando señaló,
que “La ley es la regla, a la cual deben acomodar sus actos, así los
gobernantes como los gobernados”, como el Profesor Juan Bosch cuando decía
su discurso de toma de posesión el 27 de febrero de 1963, que, “En una
democracia no puede haber otro gobierno, que el gobierno de la ley”.
