En el marco de las festividades de Nuestra Señora de la Altagracia, los obispos de la Iglesia Católica, a través de su carta pastoral, han dado en el punto al referirse con claridad a temas fundamentales que hoy afectan profundamente a la sociedad dominicana: la impunidad, el debilitamiento de los valores familiares y la falta de justicia, especialmente cuando esta se ve distorsionada por los privilegios.
Como Secretaría de Cultos del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), nos unimos a esta importante fiesta
nacional en la advocación altagraciana, venerada como protectora del pueblo
dominicano, y expresamos nuestro respaldo a los planteamientos realizados por
la Iglesia Católica, particularmente en lo relativo a los casos de corrupción,
la crisis del sistema de salud, la desprotección de la niñez y la violencia
intrafamiliar que hoy golpean al país.
Desde la Secretaría de Cultos nos
preocupan profundamente estos temas y nos hacemos eco de varios de los
señalamientos contenidos en la carta pastoral. Entre ellos, destacan
situaciones que están afectando gravemente las arcas del Estado dominicano,
debilitando la confianza ciudadana y generando un impacto directo en la calidad
de vida del pueblo.
En ese sentido, señalamos como
Secretaría los casos vinculados a Seguros Banreservas, en lo que respecta a sus
pérdidas operativas, así como SENASA y el INABIE, instituciones donde se han
denunciado hechos de corrupción que, lejos de servir al bienestar colectivo,
han generado pérdidas millonarias al Estado.
En el caso específico de SENASA,
los expedientes hasta ahora sometidos permiten prever un desfalco que rondaría
los 16 mil millones de pesos, recursos que no fueron destinados al sistema de
salud, afectando directamente a los sectores más vulnerables. Tal como expresa
la carta pastoral: (“La mano manchada por la corrupción ha negado medicina y
derechos a familiares gravemente enfermos, afectando la dignidad humana”).
De igual manera, el INABIE,
institución directamente vinculada a la educación y a la alimentación escolar
—especialmente al desayuno de miles de niños—, enfrenta serias denuncias de
corrupción que comprometen el derecho de la niñez dominicana a una educación
digna. A esto se suma el Banco Agrícola, donde también se han identificado
situaciones preocupantes que inciden negativamente en la estabilidad económica
y social del país. La falta de transparencia y el otorgamiento de préstamos a
tasa cero de forma clientelar han impedido el acceso al crédito a productores
agrícolas que hoy se encuentran en quiebra o en condiciones económicas
críticas.
Otro aspecto señalado por la
carta pastoral y que compartimos plenamente es la violencia intrafamiliar, una
realidad que rompe el núcleo familiar, daña el tejido social y genera
consecuencias profundas y complejas. Resulta inaceptable que, con un
presupuesto de apenas 1,258 millones de pesos, se pretenda desarrollar una
política pública efectiva en esta materia, mientras la corrupción rampante
continúa llevándose miles de millones de pesos del Estado dominicano.
Asimismo, nos sumamos a la
preocupación por la seguridad ciudadana. Aunque desde el discurso oficial se
insiste en que esta ha mejorado, la realidad que vive el pueblo dominicano día
tras día demuestra lo contrario: la inseguridad persiste y afecta de manera directa
a las comunidades más vulnerables.
El crecimiento de los sectores
empobrecidos continúa en aumento, empujando a miles de familias hacia la
pobreza extrema, mientras son desatendidas por un Estado que debería
protegerlas. Casos como el de SENASA evidencian que estamos frente a un
gobierno indolente, desconectado de las verdaderas necesidades del pueblo.
En su documento “Renovación y
compromiso bautismal desde una perspectiva sinodal”, la Iglesia Católica
enfatiza que la corrupción trae consecuencias nefastas, entre ellas la falta de
servicios esenciales. Y cuando hablamos de servicios esenciales, hablamos de
educación, salud y electricidad, esta última marcada por los apagones
constantes que afectaron al país durante todo el año 2025.
Como Secretaría de Cultos,
reiteramos que estos temas son prioritarios y que la República Dominicana
necesita un cambio profundo y urgente. Nos unimos plenamente al llamado
contenido en esta carta pastoral y exhortamos al pueblo dominicano a observar
con atención lo que está ocurriendo y a no permanecer indiferente.
Finalmente, como Secretaría de
Cultos, estaremos desde este espacio escuchando y dando voz a quienes procuran
el bien común, un principio que lamentablemente hoy no está presente en la
gestión del gobierno que dirige el PRM.
