Colegio de Abogados deja sin efecto acción legal en contra de Interior y Policía luego de dejar sin efecto límites de ventas de bebidas alcohólicas

Colegio de Abogados deja sin efecto acción legal en contra de Interior y Policía luego de dejar sin efecto límites de ventas de bebidas alcohólicas 

Calificó como positiva decisión de dicha de dejar sin efecto la Resolución que afectaba a comercios de la provincia Santo Domingo 

Santo Domingo, R.D. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Primero Justicia saludaron la decisión del Ministerio de Interior y Policía de revocar la Resolución 007-2022, que restringió la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo, que fue catalogada como  ilegal, inconstitucional y atentaria en contra de los derechos ciudadanos por ambos gremios.

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD y de la Fundación, anunció que el gremio desestimó la acción legal en contra del Ministerio de Interior y Policía ante el  Tribunal Superior Administrativo, luego de que la institución dejara sin efecto la medida, luego de dos reuniones con los comerciantes de la zona. 

Surun Hernández informó que la medida de Interior y Policía afectaba a más de 56 mil propietarios y empleados de bares y restaurantes de la provincia Santo Domingo, muchos de los cuales iban a llegar a la quiebra si se mantenía dicha resolución. 

El gremialista recordó que la Resolución 007-2022 violentó la  libertad al trabajo, de empresa, de tránsito, a la igualdad, a la legalidad de los actos públicos, consagrados en los artículos 6, 39, 40, 50, 62 y 139 de la Constitución. 

El Presidente del Card advirtió que en caso de que el Ministerio de Interior y Policía intente  nueva vez adoptar medidas que atenten en  contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Colegio de Abogados de RD y la Fundación Primero Justicia la someterán nuevamente a la justicia, para garantizar el cumplimiento de la Ley y la Constitución de la República. 

Surun Hernández destacó que en RD  vivimos en un Estado de derecho en el que los funcionarios y los ciudadanos en general debemos de acatar el orden Constitucional. 

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