El Partido Alianza Revolucionaria Verde (A.R.V.), se opone a
la pretendida reforma constitucional que cursa en el Congreso Nacional, la cual
tiene como único objetivo reelegir al actual presidente de la república Danilo
Medina.
El nuestro es un
Estado débil, con instituciones de débiles y desacreditadas, la población en su
mayoría desconfía de las autoridades, la actual Constitución apenas tiene cinco
años de haberse promulgado, por lo que resulta desacertado e irracional, la reforma
de una Constitución que todavía no se ha aplicado en su totalidad, por el mero
deseo de un equipo gobernante de perpetuarse en el poder.
El Presidente de la república fue electo para un mandato de
cuatro años, la constitución de la república prohíbe la reelección consecutiva,
el presidente no ha cumplido con su programa de gobierno, lo que debe hacer, él
y sus funcionarios, es empeñarse en hacer un buen gobierno, combatir la
corrupción y la impunidad, fortalecer la institucionalidad democrática y saldar
la deuda social que la clase dominante tiene acumulada con el pueblo dominicano
y no gastar los recursos del erario en una reforma constitucional improcedente
y anti histórica.
Según los informes de los organismos internacionales sobre
desarrollo humano, la República Dominicana presenta índices desalentadores. No
se ha cumplido con las metas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a
lo que se comprometió nuestro país. La pobreza alcanza un alarmante cuarenta y
tres por cientos (43 %) de la población y la pobreza extrema ronda el 16
% de los dominicanos y las dominicanas.
La mortalidad infantil y las muertes maternas, alcanzan
grandes números. El desempleo anda por un 20 % de la población económicamente
activa. Los salarios son pírricos y el costo de la vida es cada día más alto,
lo que provoca una pésima calidad de vida. La calidad de la educación es la
peor de América Latina, en el año escolar que finaliza, más de 500 mil niños,
en edad escolar, no se pudieron inscribir
en las escuelas.
La desigualdad social
en la República Dominicana es una de las más altas del mundo y esta,
unida a la discriminación, la exclusión social, la violencia de género, la
criminalidad, la inseguridad ciudadana, la inseguridad judicial, la falta de
agua potable y energía eléctrica y la degradación del medio ambiente, hacen
invivible la República Dominicana.
Frente a este sombrío panorama, hablar de reforma
constitucional, es una burla para el pueblo dominicano, en lugar de esto, lo que deben hacer las
autoridades actuales es desempeñar las funciones para las que fueron electos,
vigilar y controlar a los funcionarios públicos para escándalos como el del Hospital Darío Contreras, de
Inapa y otros no se repitan y para conjurar los males que generan las
injusticias sociales que padece la sociedad dominicana y dejar de gastar el tiempo y los recursos públicos, en
un proyecto releccionista odioso e impopular.
Imponer una reforma constitucional caprichosa, usando el
dinero del pueblo para comprar
legisladores y manipulando la opinión pública con encuestas pagadas con
el erario, es un burdo atropello y un acto de violencia en contra de la
institucionalidad democrática, la que juraron defender las actuales
autoridades.
Con este interés egoísta, de hacer una Reforma Constitucional
en su provecho personal, el Presidente Danilo Medina traiciona su palabra
empeñada frente al pueblo, cuando dijo que no optaría por un segundo mandato,
traiciona a su partido que tiene hombres y mujeres con méritos, a los cuales
les asiste el derecho para presentar sus candidaturas a la presidencia de la
República y traiciona al Profesor Juan Bosch, quien siempre fue anti
reeleccionista.
El Presidente Danilo Medina no ignora lo negativo y
traumático que ha sido para la historia política de la República
Dominicana, la reelección presidencial,
el deseo de perpetuarse en el poder de Buenaventura Báez, de José María Cabral,
de Ulises Heureaux (Lilis), de Ramón Cáceres, de Horacio Vásquez, de Rafael L.
Trujillo, de Joaquín Balaguer y de Hipólito Mejía. Estos intentos malsanos, de
reformar la Constitución para satisfacer intereses de grupos y personas, han
obstaculizado el desarrollo político de la República Dominicana y han malogrado
la Institucionalidad Democrática.
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