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| Dra. Laura Hernandez Roman, Directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública |
La
Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) rechaza firmemente la modificación a
la Ley 136-03, sobre Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños,
Niñas y Adolescentes, aprobada en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados en el día de ayer
23 de Julio. La Doctora Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de la
Defensa Pública señala que esta modificación a la ley violenta las
disposiciones internacionales sobre la protección a los adolescentes en
conflicto con la ley, la coherencia sistémica de la ley en si y los estándares
que han sido fijados a nivel local. Señala además que para nadie es un secreto
que la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal responde a
situaciones concretas de índole socio-económicas, que jamás encontraran
respuestas positivas en el aumento de las penas. Establece que la situación de
los adolescentes en conflicto con la ley no es como se pretende hacer entender,
la información que se maneja a nivel de medios de comunicación es simplemente
especulativa, ya que la Defensa Publica ante estos temas siempre ha presentado
sus estadísticas, las cuales dan cuenta de que este tema se maneja en base a
percepción manipulada y no a datos concretos. Enfatiza que tanto los datos estadísticos
que maneja, tanto la institución que dirige como los del Poder Judicial,
muestran en términos cuantitativos y verdaderos la cantidad de casos de
adolescentes sometidos a la acción de la justicia. Durante el año 2011 entraron
a la Defensa Publica 2,013 de adolescentes, mientras que en
materia ordinaria entraron 23,738; y para el año 2012 la asistencia a
adolescentes fue de 2,133 casos y 24,240 casos ordinarios,
haciendo énfasis en que la institución que dirige maneja aproximadamente el 95%
de los casos en materia penal juvenil.
Afirma que el sistema penal juvenil funciona precariamente bajo el presente
contexto, cuyas penas son menores, lo cual se acrecentará en la medida en la
que el Estado deba contar con mayores recursos para sostener penas más largas;
obstáculo que impide y seguirá impidiendo lograr una verdadera resocialización,
ya que las condiciones que viven los Centros de privación de libertad solo
contribuyen a tecnificar las artes delictivas de los adolescentes y a violentar
sus derechos fundamentales.
