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Agricultores de Villa Sonador denuncian desalojo de terrenos y reclaman intervención de las autoridades


DESALOJO DE TERRENOS DUDOSO EN VILLA SOÑADOR  BONAO

MONSEÑOR NOUEL, Bonao.– Agricultores del sector Villa Sonador, provincia Monseñor Nouel, denunciaron un desalojo que califican de abusivo y violento de los terrenos agrícolas que, según aseguran, ocupan y trabajan desde hace aproximadamente 15 años mediante asentamientos estatales.

Los productores, agrupados en la Asociación de Agricultores de El Sonador, sostienen que durante ese período han desarrollado sus actividades agrícolas en las parcelas y que sus familias dependen de esos terrenos para su sustento. La denuncia se produce luego de que una pareja se presentara en el lugar reclamando derechos de propiedad sobre las tierras y exhibiendo, de acuerdo con los afectados, un título emitido durante el año 2026.

Los agricultores cuestionan que un documento de propiedad expedido recientemente pueda ser utilizado para desplazar a personas que, según afirman, llevan alrededor de tres lustros ocupando y trabajando las parcelas bajo un proceso de asentamiento estatal. Por esta razón, demandan que las autoridades competentes revisen la documentación de ambas partes y determinen el verdadero estatus jurídico de los terrenos.

Denuncian uso de la fuerza pública

Uno de los principales puntos planteados por los parceleros es la forma en que, según su versión, se ejecutó el desalojo. Los afectados aseguran que el operativo contó con la presencia de agentes de la Policía Nacional y que habría sido realizado bajo instrucciones de una abogada ayudante del Abogado del Estado de Santiago.

Los campesinos calificaron la actuación como arbitraria y señalaron que durante el operativo se produjeron acciones que consideran violentas y destructivas. Asimismo, cuestionaron que, según su versión, no se habrían cumplido las notificaciones y procedimientos que ellos entienden debían agotarse antes de proceder al desalojo. Estas afirmaciones corresponden a la versión ofrecida públicamente por los agricultores y requieren ser contrastadas con los documentos y actuaciones oficiales del caso.

La situación ha generado preocupación entre los productores, quienes aseguran que, además de la pérdida de sus espacios de trabajo, existe el riesgo de que resulten afectados cultivos y otras inversiones realizadas durante los años que han permanecido en las parcelas.

Buscan respaldo de organismos de derechos humanos

Ante la situación, una delegación de los agricultores acudió en busca de apoyo institucional y expuso su caso ante representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por su presidente, Manuel Mercedes.

De acuerdo con las informaciones publicadas sobre el caso, la organización recibió a los afectados y manifestó su respaldo a las familias, al tiempo que reclamó que se investigue lo ocurrido y se determine si durante el procedimiento fueron respetados los derechos de los parceleros. La entidad calificó públicamente el desalojo de “brutal e ilegal”, una valoración que corresponde a esa organización y no constituye, por sí sola, una determinación judicial sobre la legalidad del procedimiento.

Los agricultores solicitan que se investigue especialmente la procedencia y fecha del título presentado por quienes reclaman la propiedad, así como los documentos que respaldarían la ocupación y el asentamiento de los productores.

Piden intervención del Gobierno

Los parceleros hicieron un llamado al presidente de la República y al Poder Ejecutivo para que intervengan ante el conflicto y dispongan la verificación del estatus legal de las parcelas.

Afectada

Los productores plantean que se realice una revisión de los expedientes, títulos y documentos relacionados con los terrenos, además de establecer si el procedimiento utilizado para ejecutar el desalojo se ajustó a las normas correspondientes. 


La preocupación central de los agricultores es preservar la seguridad jurídica de las parcelas y evitar que las familias que han trabajado las tierras durante años queden sin medios para continuar sus actividades productivas.

El conflicto queda ahora sujeto a la revisión de las autoridades competentes, que deberán determinar la validez de los documentos presentados por las partes, el origen de los terrenos, la situación de los asentamientos y la legalidad del procedimiento mediante el cual se intentó producir el desalojo. Mientras tanto, los agricultores de Villa Sonador mantienen su reclamo de que se investigue el caso y se garantice una solución conforme a la documentación y al debido proceso.

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