Expreso que lo que se ha hecho ha sido un aumento desproporcionado, primitivo y brutal de las penas, llegando a establecer una pena de muerte disfrazada. "Imponer una condena de 60 años a un supuesto o real infractor equivale, en la práctica, a decretarle la muerte". Dicho texto contraría la Constitución de la República Dominicana, que prohíbe la pena de muerte.
Critico el hecho de que el Congreso de la República no se hizo acompañar de la comunidad jurídica, de la Academia del Poder Judicial y de otras instituciones importantes para consensuar un instrumento moderno y necesario para el país, sino que aprobó una normativa que, según su críterio condena a los más pobres y desamparados.
