Castillo y Castillo fomenta el desarrollo de negocios turísticos y de energía en RD

Castillo y Castillo es una firma de abogados que inspira confianza y seguridad en sus clientes. Su nombre es sinónimo de solidez, tradición y prestigio. Con más de 80 años en el mercado, esta reconocida firma se ha caracterizado por ser pionera en brindar al más alto nivel servicios legales para la banca, el turismo y el sector de energía en República Dominicana.

Como firma de abogados que sabe adaptarse a los tiempos y que evoluciona en su visión comercial y profesional, Castillo y Castillo reafirma su compromiso de asistir a sus clientes dentro de un ambiente regulatorio cada vez más complejo, para prevenir y gestionar riesgos, proveerles asesoramiento y respaldarles en la resolución de conflictos que surjan. 

Motivada por ese firme compromiso con sus clientes, la firma ha implementando innovaciones en su estructura interna, tales como la formación de una unidad especializada en la práctica de Negocios Turísticos y Energía, lo que refleja su liderazgo en el sector turismo. 

Esa unidad especializada se enfoca en brindar soporte legal para las empresas de los sectores turismo y energía; asistir a inversionistas para establecerse en República Dominicana de la forma más segura y eficiente posible; así como mitigar y gestionar los riesgos asociados a sus emprendimientos.  Las empresas que se benefician de los servicios de esta unidad especializada incluyen cadenas hoteleras internacionales, aerolíneas, entidades bancarias, inversionistas extranjeros, desarrolladores de proyectos turísticos,  empresas del sector energía, generadores, proyectos de energía renovable, entre otros.  

Otro de los cambios transcendentales que efectuó la Firma es el nombramiento de dos nuevos socios.  Se trata de los abogados Luis Eduardo Pimentel y Sebastián Jiménez, quienes fueron nombrados como Socio Director y Socio respectivamente. Ambos tienen más de 18 años de trayectoria en Castillo y Castillo, y son figuras clave en la evolución y crecimiento de la firma. 

Luis Eduardo Pimentel centra su práctica en derecho corporativo, particularmente asesorando a empresas en asuntos bancarios, mercado de capital y propiedad intelectual y es quien dirige el departamento especializado en brindar servicios bancarios a instituciones financieras y, supervisa la implementación de proyectos de secondment AMLCA en bancos. En su nuevo rol de Socio Director, Pimentel lidera la gestión ejecutiva de Castillo y Castillo, la implementación de la tecnología para una gestión eficiente y supervisa el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución. 

Por su parte, Sebastián Jiménez asesora y asiste a las empresas en asuntos inmobiliarios, corporativos y financieros, incluyendo hoteles, instituciones financieras y entidades multinacionales, y ha asesorado a clientes en  resolución de conflictos inmobiliarios y de propiedad intelectual. En adición, Sebastián supervisa la dirección administrativa de las oficinas de Bávaro-Punta Cana y Santiago. En su rol de Socio, asume el liderazgo de la práctica de negocios junto al Lic. Práxedes Castillo Báez.

El presidente de la Firma, Lic. Práxedes J. Castillo Báez, considera que la designación de nuevos socios contribuirá a que Castillo y Castillo se mantenga como un despacho líder en República Dominicana.

Asimismo, el Lic. Castillo ponderó la creación de una unidad especializada dentro de la Firma como “un elemento esencial de la estrategia de crecimiento de Castillo y Castillo en los sectores bancario, turismo y energía, en los cuales se distinguen como expertos, reflejando la importancia que la Firma atribuye a sus clientes de esos sectores”.

Para el Lic. Práxedes Castillo, lograr un entendimiento profundo de las necesidades del cliente para ofrecerles soluciones prácticas es parte del ADN de la Firma, lo cual fomenta fuertes vínculos con sus clientes a través de décadas”.

Es importante destacar que Castillo y Castillo obtuvo la certificación FIBA AMLCA para asistir a empresas consideradas como sujetos obligados en la elaboración de los programas de cumplimiento que deben incorporar a su estructura de gobernanza corporativa, a la luz de las leyes de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.