Por Pablo Matos
El dirigente y Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), licenciado Mario Díaz, expresó hoy su rechazo a las pretensiones del gobierno de utilizar los fondos recaudados por concepto de la Ley 253-12 en la construcción de terminales de cargas que serían entregadas al CONEP, y demandó que esas terminales sean construidas con fondos del sector empresarial.
Mario Díaz dijo que el sector transporte organizado del país condena la medida, al tiempo que reclama que los fondos recaudados sean utilizados para la sustitución de la flota vehicular conforme lo establece la ley.
El líder transportista señala que la entrega de los más de 2000 millones de pesos recaudados mediante la indicada ley 253-12 al sector empresarial, establece un “privilegio irritante” que atenta contra los interés de los trabajadores del volante que vienen reclamando desde hace más de dos años la sustitución del parque vehicular en el transporte en general.
Dijo que el gobierno tiene que ver la “parte humana” y no sólo el negocio en la actividad del transporte, debido a que del mismo viven cientos de miles de trabajadores que carecen de medios alternativos para suplir las necesidades de sus familias, al tiempo que demandó que la problemática del transporte sea vista con equidad.
Mario Díaz, titular del organismo del PRSC, denunció que en la reunión celebrada recientemente entre el CONEP, el INTRANT y otros organismos del Estado, se planteó que esos recursos serán utilizados por instrucciones del presidente de la república para la construcción de varias terminales de cargas que serán administradas y entregadas al Consejo Nacional de Empresarios CONEP.
Díaz recordó que el artículo 20, párrafo III, de la ley 253-12, modificado por la ley 63-17, establece un impuesto de dos pesos a cada galón de gasolina y gasoil Premium y que el dinero recaudado será utilizado el 75% para el desarrollo de la red vial y el restante 25% para la sustitución de la flota vehicular de cargas y del transporte de pasajeros.
Señala que con la entrega de esos recursos a los empresarios para que se construyan terminales de cargas regenteadas y administradas por el CONEP, se está violando la ley 253-12, al tiempo de que se está creando a la vez un privilegio inaceptable, debido a que el negocio que se pretende establecer debe ser financiado con recursos de los empresarios, no con el dinero de los chóferes.
Mario Dìaz indicó que todo el sector transporte está firme en la demanda de que no se destinen los millonarios recursos recaudados para la sustitución de la flota vehicular en otra actividad ajena a los fines establecidos en la ley,
Etiquetas
nacionales
